Una dura tarea tiene por delante la empresa Terminal Cerros de Valparaíso (Tcval). La sociedad controlada por la hispana OHL se propuso responder antes de abril las cerca de 600 observaciones presentadas al proyecto que levantará un segundo terminal portuario en la capital de la V Región y que involucra una inversión de US$ 500 millones.
La idea de la compañía —que tendrá la concesión del terminal por 30 años— es comenzar a operar en 2017, sin embargo, antes de lograrlo debe obtener su licencia ambiental. Para obtenerla, debe responder cerca de 277 dudas ciudadanas y cerca de 400 observaciones de entidades gubernamentales, que abarcan desde posibles efectos en el turismo, medidas de mitigación, efectos en el paisaje y hasta cómo protegerán restos históricos de naufragios (leer recuadro).
Según el gerente general de Tcval, Alvaro Espinosa, la tramitación ambiental del proyecto camina de acuerdo a los plazos y gran parte de las observaciones serán respondidas en el primer trimestre de este año. En este informe, que lleva más de un año elaborándose, la compañía se compromete a responder gran parte de las interrogantes.
«La elaboración de la adenda —documento en que la empresa explica las observaciones— se ajusta a los plazos que hemos estimado para las etapas sucesivas, esto es, dentro del primer trimestre de este año. En ese sentido, esperamos presentar un documento sólido, contundente, que responda todas las observaciones que hemos recibido, tanto de los servicios con competencia ambiental como de la etapa de participación ciudadana», explica el ejecutivo.
La mirada comunitaria
Según la ley, todos los proyectos que declaren impactos ambientales — como es el caso del nuevo puerto— están obligados a pasar por un proceso de participación ciudadana. Entre quienes han presentado observaciones hay académicos, representantes comunitarios y hasta el líder gremial y empresario Roberto Fantuzzi. Por ejemplo, la inmobiliaria Viña del Mar, uno de los observadores en el proceso, pide que la empresa asegure que no habrá inundaciones ni impactos viales en la zona de influencia del proyecto.
Otro observador es el Colegio de Arquitectos de Valparaíso, entidad que solicita, entre otros elementos, que la compañía desarrolle un plan de prevención de emergencias frente a eventuales tsunamis. La concreción de un nuevo terminal portuario en Valparaíso es vista como una solución para el déficit en infraestructura portuaria en el país, cuya demanda crece a tasas de 6,3% anual. Las metas de la compañía son ambiciosas, ya que buscan a duplicar la actual capacidad de transferencia a 22 millones de toneladas en la «ciudad puerto».
Observación ciudadana
Fantuzzi y su preocupación por los miradores
El presidente de Asexma es uno de los ciudadanos que han emitido su opinión en el proceso participativo a que obliga la ley en el caso de este proyecto. El presidente de Asexma pregunta si habrá compensaciones si es que hubiera efectos negativos en los tradicionales miradores porteños.
Según Fantuzzi, el proyecto contempla intervenciones a los paseos Gervasoni, Atkinson y Dimalow, pero «se excluye al tradicional paseo Yugoeslavo que se emplaza dentro de la zona de impacto directa y en el cuál se encuentra el Museo Municipal de Bellas Artes Palacio Baburizza».
El empresario dice que se deben resguardar estos espacios al igual que los tradicionales ascensores de la ciudad.
Requisitos de la autoridad
No afectar «año nuevo en el mar»
Ni zona de naufragios En las observaciones planteadas por la autoridad, el nuevo proyecto deberá presentar medidas relacionadas con el ruido, paisaje, conectividad y tiempos de desplazamiento para asegurar que el proyecto, en sus diversas etapas, no afectará el normal desarrollo de festividades tradicionales tales como el «Año Nuevo en el Mar, Fiesta de San Pedro, Carnaval Cultural, Conmemoración de las Glorias Navales», entre otras.
Además se le solicitan estudios de corrientes para prevenir efectos en posibles naufragios históricos en la zona subacuática de Valparaíso ya que, producto del tránsito de naves en el nuevo puerto, se podrían generar daños patrimoniales.
Fuente: La Segunda
