En el mes de noviembre pasado se esperaba que el experto colombiano Juan Luis Isaza hiciera entrega del denominado Estudio de Impacto Patrimonial (EIP), documento encargado por el Estado de Chile, respondiendo a una recomendación efectuada por el Comité de Patrimonio Mundial (Unesco).
En este documento, el profesional debe exponer sus observaciones respecto a medir los impactos que provocarán en este ámbito las iniciativas que actualmente se proyectan en el borde costero de Valparaíso como Puerto Barón y la expansión del Terminal Dos.
Un informe que hasta ahora no ha sido conocido por la opinión pública, lo que preocupa especialmente a las entidades que se oponen a estas obras -que en conjunto suponen una inversión cercana a los US$ 1.000 millones- y que apuntan a la empresa portuaria como uno de los actores que ha impedido la divulgación del documento.
«Creo que es porque quieren desconocer que es un documento terminado y segundo porque, no hay que ser malicioso, para pensar que ese informe es malo para quienes impulsan los proyectos en el borde costero de Valparaíso; y debe ser muy incómodo para el municipio y también para el Estado», comentó el miembro del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), Arturo Michell que, en el marco de la Ley de Transparencia, pidió a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) -quien fue la entidad encargada de solicitar el informe en representación del Estado- el contenido del mismo.
Este organismo manifestó que no podía entregar la documentación requerida pues en virtud de la ley, EPV había ejercido su derecho de «oposición en tiempo y forma».
En el marco de la respuesta, la DIBAM adosó una carta de la estatal -con fecha 8 de febrero- en la cual ésta explica su posición dando cuenta que el documento no estaba totalmente afinado, siendo un borrador que como tal requiere su debido sancionamiento por los órganos administrativos del Estado que representaron a Chile en el Comité de Patrimonio Mundial.
En esa línea la estatal precisa en el documento que se acoge al artículo 20 de la Ley 20.285, especificando que la divulgación o publicidad de un borrador, con anterioridad a su debido sancionamiento, sin duda afectará los derechos comerciales y económicos de EPV.
En el escrito, la empresa portuaria consigna que los estudios de impacto patrimonial no se encuentran contemplados en nuestra normativa interna ni forman parte de las autorizaciones que se requieren para dar inicio a la ejecución de los referidos proyectos (Puerto Barón y Terminal Dos), pero agrega que es de su interés que los proyectos que forman parte de su plan de desarrollo cuenten con un estudio independiente que incorporen los conceptos de Paisaje Urbano Histórico y Evaluación de Impacto Patrimoniales.
«Nosotros creemos que (el Estudio de Impacto Patrimonial) es un documento terminado y no un borrador, consideramos que es sólo una forma de no hacerlo llegar», apunta Michell, quien señala que la necesidad de contar con un EIP no fue resorte de EPV, sino que se trata de una recomendación efectuada por el Comité de Patrimonio Mundial.
En tanto el también miembro del Cosoc y vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, Daniel Morales,
«Creo que este es el peor momento para que una empresa pública del Estado pueda tener actos poco transparentes», comentó el profesional quien señaló que de acuerdo al cronograma este informe debería haberse entregado a fines de enero.
«Tarde o temprano este informe tendrá que ser dado a conocer (…) pero en el contexto actual que tiene Chile nos genera muchas dudas y suspicacias el hecho que no se quiera mostrar este informe dado el currículum de este experto y que en su actuar ha demostrado una probidad absoluta», manifestó Morales quien recalcó que al ser el Estado de Chile quien lo paga debería ser de conocimiento público.
«Hay que tenerlo a la vista para analizarlo, por plazo por supuesto que ya debería estar», recalcó el vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso.
Este medio se comunicó con EPV para conocer la versión de la empresa, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta oficial sobre el particular.
Pese a ello, hay que recordar que al ser consultado hace una semana por el Informe de Estudio Patrimonial, el gerente general de la estatal Gonzalo Davagnino descartó haber recibido algún borrador al respecto, señalando que el texto definitivo se esperaba para fines de este mes o para abril.
«Este es un informe contratado por el Estado a través de su organismo especializado (DIBAM). Es el Estado quien tendrá que observar el informe. La empresa portuaria no tiene nada que observar porque primero no somos expertos en patrimonio y no somos la contraparte técnica», dijo Davagnino que hoy se encuentra participando en la Feria Mundial de Cruceros Seatrade en Fort Lauderdale, Estados Unidos (ver nota relacionada).
Fuente: El Mercurio de Valparaíso
