El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, manifestó ayer en el Congreso que cualquier modificación a la expansión del Terminal Dos del puerto de Valparaíso debe realizarse en el marco de la institucionalidad vigente.
«Para ser muy claro, este proyecto se encuentra dentro de un marco institucional que es la evaluación de impacto ambiental y como autoridad tenemos que respetar esa institucionalidad y lo vamos a hacer», enfatizó el secretario de Estado respecto a la iniciativa que ha sido objeto de debate, luego que el Estudio de Impacto Patrimonial (EIP), encargado al experto colombiano Juan Luis Isaza, subrayara en sus conclusiones que aquella infraestructura portuaria produciría un impacto «permanente e irreversible» en el sitio patrimonial definido por la Unesco.
Tras conocerse públicamente ese documento se inició una discusión respecto a la posibilidad de modificar la iniciativa llevada adelante por TCVAL (Terminal Cerros de Valparaíso) -filial de la española OHL Concesiones- o analizar compensaciones en directa proporción a los efectos planteados en el EIP.
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